viernes, 9 de octubre de 2026
 
 
     
La Corte le devuelve la iniciativa al Gobierno en el tablero

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El fallo cautelar sobre tierras extranjeras neutraliza el impulso opositor del 15 de agosto y reordena la disputa por la agenda parlamentaria.

La intervención judicial de la Corte Suprema sobre los límites a la compra de tierras por extranjeros no es un hecho técnico-jurídico aislado: es una pieza que mueve el tablero político de manera concreta y medible. El fallo cautelar repone provisoriamente las restricciones que el DNU 70 había eliminado, y en ese movimiento le devuelve al Gobierno de Javier Milei algo que había perdido en las últimas semanas: la capacidad de pararse frente a la oposición con argumentos propios antes de una sesión que buscaba exhibirlo acorralado. La sesión opositora convocada para el 15 de agosto tenía una lógica política clara: construir una imagen de mayoría legislativa actuando de forma autónoma, capaz de imponer agenda sin el oficialismo. Esa narrativa dependía, en parte, de sostener que el DNU 70 era un hecho consumado e irreversible en sus efectos. La cautelar de la Corte horada ese relato antes de que llegue a escena. El Gobierno respondió con velocidad y con un gesto que revela su lectura de la coyuntura: anunció una sesión propia para el 21 de agosto, cargada de temas con alto rendimiento simbólico. Soberanía territorial, discapacidad y sobreendeudamiento familiar son banderas difíciles de rechazar en público, y esa es exactamente la función que cumplen en este diseño. No es legislar: es posicionarse. El oficialismo opera aquí con una lógica de contraprogramación que ya utilizó en otras coyunturas críticas. Frente a una oposición que intenta monopolizar la iniciativa parlamentaria, responde no con negociación sino con otro evento que disputa visibilidad y marco interpretativo. La pregunta es si tiene los votos para sostener esa sesión o si el anuncio es, en sí mismo, el objetivo. La figura de Karina Milei en la articulación con los aliados legislativos vuelve a ser central. La presidenta del PRO y los bloques de la llamada derecha extendida son el sostén aritmético de cualquier sesión oficialista. Su cohesión en este momento define si el Gobierno puede convertir el impulso judicial en capital parlamentario real o si se queda en la gestualidad. El episodio expone además una tensión estructural del sistema político argentino actual: la oposición tiene mayoría suficiente para sesionar pero no para gobernar, y el oficialismo tiene poder de veto y recursos institucionales pero no mayoría propia. Ese empate produce un Congreso en estado de guerra de posiciones, donde cada sesión es menos un acto legislativo que una batalla por la percepción pública. Lo que viene después del 15 y del 21 importa más que cualquiera de las dos fechas por separado. Si la oposición logra sesionar y el oficialismo responde con su propia convocatoria, el resultado neto es un Congreso fragmentado produciendo señales contradictorias hacia la sociedad y hacia los mercados. En ese escenario, la Corte Suprema termina siendo, paradójicamente, el actor con mayor capacidad de definir los límites del juego.