viernes, 9 de octubre de 2026
 
 
     
AySA: el kirchnerismo busca trinchera electoral en el agua

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La oposición bonaerense convierte la privatización del servicio sanitario en bandera de campaña antes del ciclo electoral de 2025.

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) dejó de ser un debate técnico para convertirse en un campo de batalla político. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y referente del peronismo bonaerense, tomó la delantera en la ofensiva opositora contra el esquema de transferencia al sector privado que impulsa el gobierno de Javier Milei. La movida no es inocente: con el calendario electoral de 2025 ya en el horizonte, el Conurbano vuelve a ser el escenario donde el peronismo intenta reconstruir su narrativa de representación popular. AySA presta servicios de agua potable y cloacas a más de 17 millones de personas en el área metropolitana de Buenos Aires. Su privatización forma parte del programa de desregulación y achicamiento del Estado que La Libertad Avanza viene ejecutando desde diciembre de 2023. El antecedente más cercano es la experiencia de Aguas Argentinas en los noventa, empresa privada que terminó siendo reestatizada en 2006 tras el colapso tarifario post-devaluación y la paralización de inversiones en zonas sin rentabilidad comercial. El argumento central de Gray apunta a una lógica estructural: las empresas privadas invierten donde hay retorno económico, no donde hay necesidad social. En el segundo y tercer cordón del Conurbano, donde la densidad poblacional convive con la informalidad urbana y la baja capacidad de pago, esa ecuación no cierra para ningún operador privado sin subsidios estatales robustos. El riesgo real de desinversión en esas zonas no es una especulación ideológica sino una regularidad histórica documentada. Sin embargo, la posición de Gray también carga con sus propias contradicciones. Durante las gestiones kirchneristas, AySA acumuló déficits operativos sostenidos por subsidios y tarifas congeladas que distorsionaron la señal de precios y desalentaron la eficiencia interna. El servicio creció en cobertura pero no siempre en calidad, y la politización de su gestión generó problemas propios. Criticar la privatización sin asumir ese diagnóstico es una operación políticamente cómoda pero analíticamente incompleta. La tensión de fondo es entre dos modelos con fracasos probados: el estatal capturado por la lógica clientelar y el privado que abandona los mercados no rentables. El gobierno nacional apuesta a que la desregulación y la competencia generen eficiencia, pero en servicios de red con monopolio natural esa hipótesis tiene límites estructurales que la teoría económica reconoce. La regulación independiente y creíble sería la clave, pero Argentina tiene un historial pobre en ese terreno. En términos de coyuntura, el timing político de Gray es deliberado. Con las legislativas de octubre de 2025 acercándose, el peronismo bonaerense necesita temas movilizadores que conecten con el bolsillo cotidiano de los sectores populares. El agua, las tarifas y el Conurbano componen un triángulo de alta sensibilidad electoral. La privatización de AySA le ofrece al kirchnerismo una narrativa clara: el Estado que protege versus el mercado que abandona. Lo que está en juego va más allá de la gestión del servicio sanitario. Es la disputa por el sentido del Estado en Argentina, un debate que cada ciclo político reactualiza sin resolverlo. Gray habla en nombre de los municipios pero también posiciona al peronismo como alternativa. El gobierno, por su parte, asume el costo político de la impopularidad tarifaria apostando a que la estabilización macroeconómica compense. Entre esos dos cálculos, millones de usuarios del Conurbano esperan que alguien garantice el agua en la canilla.