sábado, 26 de septiembre de 2026
 
 
     
El caso Rigau expone la caja negra del Senado bonaerense opositor

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La Justicia avanza sobre ex legisladores de UCR, PRO y CC mientras Diputados maniobra para bloquear información clave del escándalo.

El expediente judicial conocido como caso 'Chocolate' Rigau dejó de ser una anécdota de corrupción administrativa para convertirse en un termómetro del estado de la oposición bonaerense. La citación de diez ex senadores de Juntos por el Cambio a declarar ante la Justicia platense marca un punto de inflexión: ya no se trata de operadores menores, sino de legisladores con nombre y apellido que deberán explicar qué sabían y cuándo lo supieron. La geografía política de los imputados resulta reveladora. UCR, PRO y Coalición Cívica aparecen en el expediente como espacios donde florecieron los llamados 'ñoquis', empleados fantasma que cobraban sueldos del Estado sin prestar funciones reales. Esto destruye la narrativa que esa coalición construyó durante años alrededor de la transparencia y la meritocracia como banderas electorales distintivas frente al peronismo. El fenómeno de los empleados fantasma en el Senado bonaerense no nació con Rigau ni morirá con él. Es una práctica estructural que atraviesa gestiones de distinto signo político, pero que en este caso adquiere una dimensión particular: ocurrió durante el período en que JxC controlaba la Cámara alta provincial y se presentaba ante la ciudadanía como alternativa moralmente superior al kirchnerismo. Lo que el caso ilumina con mayor crudeza es la lógica de los 'operadores' parlamentarios, figuras grises que articulan el vínculo entre el poder político formal y las redes informales de distribución de recursos. Rigau era uno de esos engranajes, pero el sistema que lo sostuvo tenía múltiples jefes. La Justicia parece decidida a remontar esa cadena hacia arriba. Paralelamente, la actitud de la Cámara de Diputados bonaerense agrega una capa de análisis política ineludible. El intento de blindar información sobre quiénes autorizaban las designaciones irregulares no es un gesto defensivo inocente: es una señal de que la trama podría alcanzar a figuras actualmente en ejercicio, con lo que el escándalo adquiriría una dimensión todavía mayor. Para la oposición bonaerense, el timing es devastador. Con el peronismo en repliegue provincial y el espacio no peronista intentando consolidar una identidad para el ciclo electoral que se aproxima, el caso Rigau interrumpe ese proceso de recomposición y reinstala la pregunta sobre si existió una diferencia real de calidad institucional durante los años en que la oposición condujo el Senado. El verdadero juicio político al caso no lo dictará el tribunal platense sino el electorado bonaerense, que deberá procesar si estas revelaciones modifican su percepción sobre la confiabilidad de los partidos que se postulan como alternativa de gobierno. La justicia avanza lento; la memoria electoral, más lento aún. Pero los expedientes no prescriben.