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| lunes, 31 de marzo de 2025 |
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Zona de riesgo
El próximo jueves la oposición intentará rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla y generarle al gobierno un serio problema político e institucional. Para conseguirlo debe lograr una unanimidad sin ninguna disidencia en su bloque y contar con el imprescindible apoyo de por los menos otros tres senadores. Ninguno de los objetivos es sencillo. La estrategia oficial apunta a impedir el quórum. De conseguirlo el camino opositor quedará expedito, El rol de los gobernadores. Radicales entre los principios y la disciplina partidaria en un ámbito dónde hace rato que todos los liderazagos están en discusión.
Una vez que se pueda abrir la Sesión el futuro de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla comenzará a ensombrecerse. Con 25 votos a la oposición le alcanza para rechazar los pliegos de ambos. Sin embargo, no todo es tan lineal. El juez federal tuvo en su momento dictamen favorable y no es una señal menor. El peronismo dice hoy que eso es consecuencia de una negociación mayor con el Gobierno (designación del procurador y una jueza mujer en la Corte) que nunca prosperó y por lo tanto los posibles acuerdos están caídos. El cristinismo mas duro encabeza esta posición. No está claro a cuántos senadores incluye. Las negociación individuales de Lijo con Gobernadores y los propios representantes de la Cámara Alta indican que no será sólo un trámite reunir los votos en su contra. Un ejemplo es la situación de José Mayans: orbita siempre cerca de la presidenta del PJ pero tiene muy claro que Gildo Insfrán, su gobernador, respalda claramente la postulación del titular del Juzgado Federal número 4.
Manuel García Mansilla reúne rechazos con mucha más facilidad. Nunca tuvo dictamen y los 25 votos, si hay quórum, se juntan sin mayores invconvenientes. Sin embargo ya juró, asumió y firma dictámenes con sus colegas de la Corte desde hace un mes. Es cierto que si le rechazan el pliego su situción política será endeble y con plazos perentorios, 30 de noviembre de este año. La oposición pretende imaginar una posible renuncia por el rechazo del pliego pero nada indica que el aludido piense de la misma manera. Ya declaró antes su negativa a asumir por decreto e igualmente lo hizo. Es poco esperable ahora que opte por el camino de la dimisión tras los altos costos pagados por el Gobierno para su integración al máximo tribunal. Hay otro camino para complicar a quién es el primer juez que asume en la Corte por decreto en 40 años y el el Juicio Político, opción que está hoy afuera de cualquier agenda.
La Sesión de la semana que viene está convocada para el jueves. La oposición necesita 37 votos y la titular del Senado, esta vez sin fisuras públicas, le dió al gobierno tiempo suficiente para tratar de vertebrar una estrategia ordenada. Imaginando una unidad total Unión por la Patria puede aportar 34 votos y los otros tres posibles son el fueguino Pablo López (UCR) y los porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO). Dan quórum los tres? Pablo Blanco ha acompañado algunas iniciativas opositoras pero en otras oportunidades dijo "tengo opiniones distintas pero acato la decisión de mi bloque"
En el peronismo también aparecen preguntas. El último bloque en escindirse es el que integran Carolina Moisés (Jujuy) Fernando Salino (San Luis), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca) Los cuatro pertenecen a provincias con proyectos mineros y alguno de ellos votó a favor del RIGI en la Ley Bases. El gobierno y Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, tienen muy buen diálogo y hubo apoyos diversos en diputados para el PE. Puede pasar lo mismo con Andrada?
En este complejo tablero de sumas y restas la oposición también busca votos afuera y mira con atención al formoseño Paoltroni. Su enemistad con Lijo es pública y habrá que ver que hace en el momento de sentarse o no a dar quórum.
El deterioro institucional ya está hecho. García Mansilla nombrado por decreto es la última foto de un notorio fracaso de la dirigencia política que hace casi 10 años no logra mínimos acuerdos para designar un Procurador General, otros miembros de la Corte y decenas de jueces y fiscales.
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