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| martes, 23 de abril de 2024 |
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Ganancias
El reclamo de Marcelo Casaretto solicitando al Poder Judicial (jueces y personal) el pago del Impuesto a las Ganancias fue uno de los datos más novedosos al cierre del dictamen del proyecto de Presupuesto que se tratará la semana que viene. Respaldo mayoritario de todos los bloques. Se recaudarían casi 250 mil millones de pesos. Natural e histórica resistencia de los afectados. El caso Fayt. Desgaste político de la Corte. Viabilidad en debate.
"Intangibilidad del salario" fue el argumento histórico del fallecido Carlos Fayt cuándo ante un proyecto similar apeló en la Corte -por él integrada- un intento similar del Poder Legislativo. Se consideró que el pago del impuesto representaba un recorte del ingreso no previsto con anterioridad y por lo tanto no era conducente. Sí quedó establecido, a partir del 2017, que el gravamen estaba vigente para los jueces nombrados desde ese momento. La excepción no incluye sólo a magistrados sino a la totalidad del Poder Judicial. Por eso lo no recaudado anualmente alcanza a casi 250.000 millones de pesos. Poco menos de lo ingresado al fisco el año pasado por el Aporte soilidario por única vez que se votó para intentar paliar los gastos extraordinarios devenidos de la pandemia.
El intento de todo el Poder Legislativo por terminar con los privilegios del Poder Judicial nunca salió de agenda. Y necesidades clave del Ejecutivo ante el Presupuesto - cómo es la de subsidiar con 85.000 millones de pesos el transporte automotor de las provincias- tal vez aceleraron propuestas cómo la de Marcelo Casaretto.
La idea está plagada de lógica para ambos casos: magistrados y personal administrativo. Los primeros tienen sueldos y jubilaciones con pisos de 700 -800 mil pesos y nada justifica el no pago de Ganancias. Los trabajadores no tienen un nivel salarial cómo aceiteros o mineros pero también tienen sueldo importantes y no hay demasiado argumentos a mano que expliquen porqué es el únicio gremio con tales prerrogativas. Cómo muy pocas veces en el Congreso, no se escucharon voces disidentes con la propuesta. Habló Casaretto y afloraron aplausos desde todos los sectores.
Sin embargo, que el proyecto esté cargado de sentido común y tenga un muy amplio consenso, no significa de ningún modo que pueda ser puesto en práctica. Lo previsible es que sea votado en Diputados y el Senado para ser luego judicializado por los propios afectados con amparos y apelaciones. Diputados opositores indicaron que esto seguramente redundará en mayor costo político y desgaste para el Poder Judicial -una de las instituciones con mayor nivel de opinión negativa- pero nada indica que el detalle modifique alguna de sus posturas.
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